El Departamento de Justicia de Estados Unidos encendió las alarmas al anunciar la acusación formal contra dos empresarios mexicanos por un supuesto esquema de corrupción que habría alcanzado las entrañas de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Se trata de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, ambos residentes legales permanentes en EE. UU., señalados de sobornar a funcionarios de PEMEX y PEP con más de 150 mil dólares —entre efectivo y artículos de lujo— para manipular procesos de licitación y así obtener contratos por 2.5 millones de dólares.

Los cargos, presentados en el Distrito Sur de Texas, incluyen conspiración y violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una legislación que prohíbe a empresas y personas estadounidenses (o con vínculos en EE. UU.) participar en sobornos a funcionarios públicos de otros países.

“Esta acusación formal debe transmitir un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, declaró Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino.

Lo más polémico es que, según el comunicado, uno de los acusados, Rovirosa Martínez, tendría presuntos vínculos con miembros de cárteles, aunque no se detalló la naturaleza de estas conexiones. Este señalamiento ha avivado aún más el interés mediático, ya que el periodista José Luis Montenegro ha sugerido que existirían advertencias previas a la SEDENA sobre él.

En el terreno legal, las consecuencias podrían ser graves: cada acusado enfrenta hasta cinco años de prisión por cada cargo. Por ahora, Rovirosa ya fue detenido y compareció el 10 de agosto, mientras que Ávila Lizárraga permanece prófugo.

Este caso no solo pone bajo la lupa a los empresarios implicados, sino que reaviva el debate sobre la corrupción y el poder de las redes ilícitas que podrían vincular a actores empresariales con el crimen organizado.