El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, compareció en un tribunal de Los Ángeles en el marco de un juicio considerado histórico, centrado en el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes. La audiencia marca un punto de inflexión en el debate global sobre la responsabilidad de las plataformas digitales frente a sus usuarios más jóvenes.

Durante su testimonio, Zuckerberg fue interrogado sobre el diseño de Instagram y si la aplicación fue creada intencionalmente para generar adicción, especialmente entre menores de edad. La denunciante, una mujer californiana de 20 años identificada en documentos judiciales como KGM, sostiene que el uso intensivo de Instagram y YouTube le provocó una fuerte dependencia que derivó en depresión, ansiedad, problemas de autoestima e incluso pensamientos suicidas.

“Me centro en construir una comunidad sostenible”, respondió Zuckerberg cuando fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de que Meta diseñe sus productos para maximizar el tiempo de permanencia y fomentar conductas adictivas.

Durante el juicio, los abogados de la parte demandante señalaron que aproximadamente cuatro millones de niños menores de 13 años estarían activos en Instagram, pese a que la plataforma establece esa edad como mínimo para registrarse. Ante ello, el empresario argumentó que algunos menores falsean su edad al crear una cuenta.

“¿Esperas que un niño de nueve años lea toda la letra pequeña?”, cuestionó el abogado Mark Lainer ante el jurado, subrayando que las funciones más estrictas de verificación de edad no estaban disponibles cuando muchos menores se registraron en la red social.

Zuckerberg defendió que las plataformas buscan ofrecer utilidad, conexión y herramientas de seguridad, y rechazó que el objetivo sea generar dependencia. También afirmó que el uso excesivo de redes no puede atribuirse exclusivamente a la empresa, ya que intervienen múltiples factores como el entorno familiar, la supervisión adulta y las decisiones individuales.

El proceso judicial podría sentar precedentes importantes en materia de regulación digital y protección de menores, en un contexto en el que distintos gobiernos evalúan nuevas normativas para exigir mayor transparencia en algoritmos, sistemas de recomendación y mecanismos de control parental.

Más allá del resultado legal, el caso reabre una conversación urgente sobre el equilibrio entre innovación tecnológica, libertad de uso y responsabilidad corporativa en la era digital.

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