¿Qué significa tener finanzas públicas sólidas cuando todavía existen necesidades en carreteras, hospitales y comunidades afectadas por las lluvias? Esa fue una de las preguntas de fondo durante la comparecencia de María Esther Ramírez Vargas, secretaria de Hacienda de Hidalgo, ante el Congreso local, como parte de la revisión del cuarto informe de gobierno de Julio Menchaca Salazar.

Durante la sesión, la funcionaria presentó los principales resultados financieros de la administración estatal y respondió a cuestionamientos sobre inversión pública, deuda, programas sociales y reconstrucción. Entre las cifras destacadas se encuentran el crecimiento de los ingresos propios, la reducción de la deuda heredada y la inversión acumulada en infraestructura y acciones sociales.

Más ingresos propios y una deuda menor

De acuerdo con la secretaria, entre 2021 y 2025 los ingresos propios de Hidalgo crecieron 96 por ciento, hasta superar los 9 mil 636 millones de pesos, sin incrementar las tasas de los impuestos vigentes. También informó una reducción del 42 por ciento de la deuda pública heredada, además de calificaciones crediticias en rango AA.

En materia de inversión, señaló que se han destinado más de 45 mil 500 millones de pesos a 4 mil 800 proyectos de infraestructura y programas sociales en los 84 municipios. Asimismo, destacó que el estado obtuvo el 100 por ciento en el Índice de Calidad de la Información de los Recursos Federales Transferidos y mantuvo el segundo lugar nacional en modernización catastral por tercer año consecutivo.

‍

Más de 7 mil millones para obras estratégicas

Uno de los anuncios relevantes fue la inversión prevista para tres proyectos de infraestructura: la ampliación a cuatro carriles de la carretera México-Pachuca, la conclusión del Río de las Avenidas y el libramiento de la zona de Atotonilco.

Ramírez Vargas informó que estas obras requerirán una inversión superior a 7 mil millones de pesos, distribuida en varios ejercicios fiscales. Según lo expuesto, se contemplan mil millones de pesos durante 2026, 3 mil 500 millones en 2027 y 2 mil 500 millones en 2028.

La funcionaria explicó que, por su magnitud, los proyectos tendrán una ejecución plurianual y sus recursos deberán considerarse en los presupuestos correspondientes.

Reconstrucción tras las lluvias: recursos y pendientes

La atención a los daños provocados por la vaguada monzónica también ocupó parte de la comparecencia. Ante cuestionamientos sobre la prioridad de las obras gubernamentales frente a las necesidades de las regiones afectadas, la secretaria señaló que la inversión conjunta de los gobiernos estatal y federal supera los 10 mil 200 millones de pesos.

De acuerdo con su explicación, el estado aporta 4 mil 500 millones de pesos. De estos, 2 mil millones se destinaron desde el inicio a ayuda humanitaria, atención médica y apertura de caminos. También se contemplan recursos para reconstruir infraestructura y otorgar apoyos económicos y en especie. La funcionaria agregó que cerca de 800 millones de pesos permanecen en proceso de validación y contratación para alrededor de 300 obras.

Las cifras se presentaron en respuesta a preguntas sobre la distribución de los recursos, los municipios beneficiados y la suficiencia presupuestaria para recuperar viviendas, puentes y carreteras. El avance de las contrataciones y la ejecución de las obras serán elementos clave para evaluar los resultados de esta inversión.

Programas sociales y necesidades municipales

Durante la sesión también se abordó el crecimiento del presupuesto destinado a programas sociales, que pasó de mil 61 millones de pesos en 2022 a 4 mil 900 millones en 2026, según la secretaria. Entre los programas mencionados estuvo Construye tu Camino, que recibió 150 millones de pesos en 2025 y 200 millones en 2026, con la previsión de aumentar su presupuesto para 2027.

Otros cuestionamientos se centraron en las participaciones federales de los municipios, la recaudación del impuesto predial, los recursos para niñas, niños y adolescentes, la atención a migrantes y la transparencia en el ejercicio del gasto.

En materia ambiental, Ramírez Vargas informó que se autorizaron 50 millones de pesos para atender la problemática de la presa Endhó durante 2026, además de 33 millones para adquirir tres trituradoras de lirio acuático. También señaló que los posibles impuestos verdes continúan en análisis, debido a sus efectos potenciales sobre la inversión privada y la recaudación estatal.

Al cierre de agosto, la deuda pública estatal ascendía a 2 mil 274 millones de pesos, correspondientes a tres créditos vigentes. La secretaria indicó que el pago anticipado de dos créditos permitió reducir el presupuesto destinado al servicio de la deuda, de casi 800 millones a poco más de 300 millones de pesos.

‍

La comparecencia dejó sobre la mesa una discusión que va más allá de los indicadores financieros: cómo garantizar que los recursos públicos se conviertan en mejores servicios, infraestructura funcional y atención oportuna para la población. El seguimiento a las obras, los programas y los compromisos presupuestarios permitirá conocer el alcance real de los resultados presentados ante el Congreso.

‍